Fecha: abril 5, 2017 | Hora: 3:37 pm
BOLETÍN 047
El sistema de inspección, vigilancia y control de las autoridades sanitarias en Montería está fallando a la hora de enfrentar problemas como el contrabando, adulteración y falsificación de medicamentos.
Así quedó planteado en el debate adelantado por el Concejo de Montería, que permitió conocer las acciones de la Secretaría de Salud Municipal, sus debilidades frente al reto y los trabajos de otras entidades y autoridades responsables de estos controles.
Evidenciando serios problemas de personal y coordinación con las autoridades responsables del control de medicamentos, la citante del debate, concejala, Liliana Yúnez Luqueta, sugirió la creación de una unidad exclusiva de la Secretaría de Salud Municipal para las labores de inspección, vigilancia y control de medicamentos.
“Están trabajando como ruedas sueltas, por un lado la Secretaría de Salud, por otro lado la Policía, así mismo la Fiscalía y los organismos de control, ni siquiera son notificados de los hallazgos que se encuentran”, referenció la cabildante.
Yúnez Luqueta, dijo que en el año 2016 se realizaron 200 de las 700 visitas programadas a establecimientos de comercio de medicamentos y eso demuestra que no hay capacidad humana para atender esa inspección, como la de alimentos, animales y otras funciones que sobrecargan a un reducido grupo de trabajo.
“Tenemos una necesidad que urge ante los acontecimientos graves que se están evidenciando en Montería donde se decomisan medicamentos adulterados, se descubren fábricas clandestinas de drogas médicas y lo peor, se comercializa y se suministra a los pacientes”, expresó.
Al enriquecedor debate hicieron presencia los secretarios de salud de Montería, de la Gobernación de Córdoba, investigadores de la Sijín, el gerente de la clínica Evaluamos, y se aportó un informe de la Fiscalía que advierte el peligro al que son expuestos los monterianos sino se frena este flagelo.
Quien brilló por su ausencia en el debate fue el INVIMA, entidad rectora de la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la vigilancia de medicamentos y alimentos.
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